Panel de ex alumnos de Universidades Británicas

Nicolás Brener, Antonio Manzi, Agustín Iturralde, Mauro Casa

El pasado 20 de febrero, tuvo lugar el primer evento del año de la Asociación de Graduados de Universidades Británicas en Uruguay (GBUA). Cuatro ex becarios Chevening e integrantes del BPG integraron un panel en el que expusieron sus aprendizajes sobre políticas públicas en el Reino Unido, el cual fue moderado por el periodista Diego Zas. El tema general fue el vínculo entre la academia y los políticos en el proceso de elaboración de política pública.

Estuvo a cargo de iniciar la ronda de intercambios el politólogo Mauro Casa, docente e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, y Master en Políticas Públicas y Administración por LSE. Esta primera intervención colocaría el marco de la charla en el plano de la difícil relación entre políticas públicas y conocimiento experto en Uruguay. El problema diagnosticado es que el proceso policy-making que habitualmente recorre el sistema político uruguayo padece un déficit respecto a la incorporación saberes expertos en la toma de decisiones, tanto de la academia como de los cuadros técnicos burocráticos, y que ello compromete seriamente la calidad de las políticas. En su exposición, Mauro expuso cómo el conflicto entre expertos y políticos en “el arte de gobernar” ha atravesado la historia de la civilización occidental. Para el caso uruguayo, sostuvo que el sistema político partidocrático ha sabido cumplir de manera muy satisfactoria con la función de representación de preferencias de la ciudadanía, mas se ha mostrado impermeable a compartir con expertos la toma de decisiones. En ese sentido, sostuvo que se necesita de una mayor y mejor interacción entre políticos y experticia para gobernar, que hoy se encuentra extremadamente desbalanceada en favor de la política y que no permite un asesoramiento honesto que permita ‘to speak the truth to power’. Concluyó afirmando que solo un reforzamiento del rol de los expertos redundará en políticas basadas en evidencia, que se constituyan en instrumentos más eficaces y eficientes para alcanzar los objetivos de los partidos políticos.

A continuación, Nicolás Brener; miembro de MVDLegal y MPA por Birkbeck College; expuso sobre el análisis de impacto legislativo, un método para evaluar la calidad y efectos de la legislación originario de los estados europeos y América del Norte.. Mediante el mismo, los estados buscan medir el impacto real de la aprobación de una ley en términos sociales, ambientales y económicos. El análisis de impacto normativo, permite evaluar si una determinada ley “realmente funciona” y/o si debe ser derogada o modificada. Para ejemplificar citó el caso de la ley 19.007 de Uruguay que agrava la pena para el tráfico de pasta base de cocaína y cuya aplicación ha sido cuestionada dado que los reactivos químicos utilizados por el Instituto Técnico Forense solo detectan el alcaloide cocaína, presente en todas las sustancias derivadas del clorhidrato de cocaína, hecho que a juicio de los operadores judiciales torna la ley inaplicable. Incluso, una circular del Poder Judicial por circular 160/2013 comunicó a los Jueces penales que “no están dados los mecanismos o requerimientos analíticos necesarios, para informar en forma inequívoca todas aquellas formas de cocaína(…).

Otro de los participantes fue Antonio Manzi – Agregado Político en la Embajada Británica en Montevideo y Magíster en Políticas y Administración Pública en Kings College. Su exposición se centró en dos partes: primero, habló sobre la red británica ‘What Works?’, una iniciativa que busca mejorar la manera en que el gobierno y otras organizaciones generan, transmiten y adoptan evidencia de alta calidad para la toma de decisiones. El segundo ejemplo que planteó de aplicación de evidencia en políticas públicas fue el uso creciente de Bonos de Impacto Social (BIS), un mecanismo creados en 2010 en el Reino Unido para financiar programas sociales con capital privado. El esquema tradicional de estos bonos es  que ante un problema social sin una solución claramente eficaz en la mesa, puede aparecer un inversor que se “arriesgue” a financiar alguna propuesta innovadora específica (planteada por un tercero como una ONG), siendo que el gobierno solo se compromete a pagar al inversor  por esa intervención en caso de que alcances indicadores de resultado exitosos establecidos de antemano.

El cierre del panel lo realizó Agustín Iturralde, Director Académico del Centro de Estudios para el Desarrollo y Magister en Economía Política del Desarrollo por la LSE. Agustín enfatizó cómo la irrupción de la “economía del comportamiento” viene permitiendo mejorar el impacto de muchas políticas con costes nulos o muy bajos. La obtención del premio nobel de economía por Richard Thaler, ha puesto en la mesa la importancia de incluir este tipo de miradas en casi todos los ámbitos. Thaler sostiene que el comportamiento del ser humano responde a muchas cosas que escapan a la racionalidad clásica de la economía. Estudiar, analizar y medir qué cosas modifican el comportamiento del ser humano y cómo este interactúa con la formulación de política pública es un campo en desarrollo en muchos países. La “nudge unit” o “Behavioral Insights Team” del Reino Unido es uno de los más importantes referentes en esta materia. Esta unidad ha ayudado a mejorar la calidad de muchas políticas públicas, siendo que las ganancias de sus propuestas superan muy largamente los costos de funcionamiento de la unidad.

En síntesis, la actividad permitió a estos jóvenes profesionales formados en el Reino Unido mostrar algunos espacios concretos de mejora que puede tener Uruguay a la luz de la realidad de otros países. Uruguay tiene una de las democracias más sólidas de la región dada la fortaleza de sus partidos. Complementar esto con una mejora de la capacidad técnica de la elaboración de políticas es un camino a recorrer para evitar el descreimiento generalizado en los políticos del que Uruguay no es del todo ajeno.